La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Pesca, la Federación Balear de Cofradías de Pescadores y la Organización de Productores Pesqueros OPMallorcaMar, han trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su desacuerdo con el límite de captura (TAC) establecido para la gamba roja (Aristeus antennatus) para el año 2026. Han remitido una carta al director general de Pesca Sostenible, Ramon de la Figuera, en la que le piden que exprese este malestar ante la Comisión Europea y también que se gestione de manera individualizada el caladero de Baleares (GSA5). Además, reclaman la retirada del TAC por considerarlo innecesario. Según ha explicado el director general de Pesca, Antoni M. Grau: «la limitación simultánea y descoordinada de días de pesca y kilos de gamba roja obliga a los pescadores a pescar más cerca de la costa y capturar mucho más pescado del que pueden comercializar». En este sentido, Grau ha matizado que «la cuota de la gamba que mantiene la Comisión Europea es innecesaria y contradictoria con otras medidas de gestión que ya se aplican, como la talla mínima y la regulación de los días de pesca».

Según el director general, los informes científicos elaborados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y presentados al Comité Científico de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (GFCM), en diciembre de 2024, concluyen que la pesquería de gamba roja en las Illes Balears ya se explotaba de forma sostenible en el año 2023, con proyecciones que indican una mejora significativa del estado del recurso en los próximos años si se mantienen los actuales niveles de explotación.

La Conselleria y el sector destacan que la situación actual es aún más favorable, ya que durante los años 2024 y 2025 se han aplicado reducciones drásticas en el número de días de pesca y, en 2025, se han implementado otras medidas como la talla mínima para la gamba y el incremento de la malla mínima para la pesca de profundidad. Con estas medidas, asegura Grau: «La mortalidad por pesca necesariamente debe ser, en la GSA5, sensiblemente inferior a la de 2023, más aún teniendo en cuenta que no ha habido movimiento de barcos desde otras regiones». Por todo ello, el director general ha manifestado que «es inaceptable que las evaluaciones se hagan públicas con dos años de retraso, cuando las poblaciones explotadas evolucionan muy rápidamente».

Por otro lado, el informe de la GFCM también constata que otras especies presentes en la GSA5, como la gamba blanca (Parapenaeus longirostris), la cigala (Nephrops norvegicus), el salmonete de roca (Mullus surmuletus), el pulpo común (Octopus vulgaris) e incluso la raya (Raja clavata), también se encuentran en estado de pesca sostenible. En este sentido, Grau ha explicado que «el diagnóstico general positivo del estado de los recursos pesqueros en Baleares refuerza la necesidad de implementar una gestión del Mediterráneo basada en unidades geográficas diferenciadas (GSAs). Por ello solicitamos a la Secretaría General de Pesca que, como mínimo, gestione el caladero de Baleares con un plan de pesca regionalizado».

También ha recordado que «la GSA5 ya cuenta con un plan de gestión específico parcial, mediante la orden que regula el acceso de las embarcaciones alicantinas a los caladeros de las Pitiusas», y ha añadido que «no se trata de una propuesta insólita o excepcional, sino de una evolución coherente dentro del marco normativo actual». A pesar del entorno regulador de la Comisión Europea y de las limitaciones competenciales del Estado en la materia, impulsar planes de cogestión pesquera por zonas geográficas, en particular en regiones insulares como Baleares, permitiría una gestión más eficaz, realista y sostenible de los recursos pesqueros, alineada con la mejor evidencia científica disponible y con la realidad socioeconómica de cada zona.

Finalmente, el Govern y los pescadores tienen la intención de elaborar, con todos los sectores implicados y durante los próximos meses, una propuesta de plan de cogestión de la pesca de arrastre en la GSA5, que demuestre que la actividad es económicamente viable y ambientalmente sostenible en el Mediterráneo, y particularmente en las Illes Balears. Una vez elaborada la propuesta, se remitirá a la Secretaría General de Pesca, a la cual se invita a participar durante su proceso de gestación.