El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern de las Illes Balears, Joan Simonet, han remitido una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reclamar un tratamiento específico en las ayudas de minimis para los territorios insulares de la Unión Europea. La iniciativa se enmarca en el proceso de revisión del reglamento europeo que regula este tipo de ayudas.

En la carta, ambos gobiernos exponen que la insularidad genera desventajas estructurales permanentes que condicionan la competitividad y la viabilidad del sector primario, tanto agrario como pesquero. Entre estos factores destacan la fragmentación territorial, la dependencia del transporte marítimo y aéreo, los sobrecostes logísticos y la dimensión limitada de los mercados insulares.

En este sentido, Canarias y las Illes Balears consideran que el régimen de ayudas de minimis actual no refleja adecuadamente la realidad de los territorios insulares ni permite a las administraciones actuar con la intensidad necesaria para dar respuesta a las necesidades del sector. Por ello, reclaman que las islas sean reconocidas explícitamente como una categoría diferenciada dentro del régimen europeo de las ayudas de estado.

Esta iniciativa da continuidad al acuerdo anunciado el mes de marzo pasado por ambos gobiernos autonómicos, en el que ya se avanzó la voluntad de reclamar conjuntamente a la Unión Europea un tratamiento específico en las ayudas de minimis por su condición insular.

La petición conjunta incluye, entre otras medidas, el incremento de los límites máximos de las ayudas de minimis para los territorios insulares, la flexibilización de las limitaciones aplicables al transporte de insumos y materias primas esenciales y la adaptación del régimen a las particularidades de la industria agroalimentaria de las islas, especialmente de aquellas empresas que trabajan principalmente con producto primario local.

Los dos ejecutivos autonómicos también solicitan que este enfoque específico se extienda al sector pesquero, dado que tanto en Canarias como en las Illes Balears la pesca está formada mayoritariamente por una flota artesanal y de pequeña escala, fuertemente arraigada al territorio y condicionada por importantes sobrecostes estructurales.

Además, los gobiernos de Canarias y las Illes Balears defienden que la adaptación del régimen de minimis a la realidad insular no representa una ventaja competitiva injustificada, sino una herramienta necesaria para garantizar la equidad, la cohesión territorial y la sostenibilidad del modelo agroalimentario europeo.

Finalmente, ambas comunidades reiteran su compromiso con los objetivos europeos en materia de sostenibilidad, seguridad alimentaria y desarrollo rural, y confían en que esta petición sea tenida en cuenta durante el proceso de revisión normativa actualmente en marcha.