\ Con la renovación se da cumplimiento a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
\ La Junta Arbitral de Consumo se constituyó el 22 de abril de 1994 y ha resuelto más de 25.000 controversias
El Consell de Govern ha autorizado a la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, a renovar el acuerdo con el Ministerio de Consumo para dar continuidad a la Junta Arbitral de Consumo y de este modo se da cumplimiento a la regulación de los convenios que incluye la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El objeto del convenio es determinar que la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con sede en Palma, debe conocer con carácter prioritario de las reclamaciones de los consumidores de su ámbito, en relación con sus derechos legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el procedimiento que establece el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
La Junta Arbitral de Consumo de las Illes Balears se constituyó el 22 de abril de 1994 y tiene como finalidad resolver las reclamaciones presentadas por los consumidores contra empresas o profesionales que aceptan resolver la controversia mediante el arbitraje de consumo.
El Sistema Arbitral de Consumo es un procedimiento voluntario, gratuito, sencillo, ágil y eficaz para dilucidar las diferencias entre las partes de una manera rápida y sin formalidades excesivas.
Tanto en el caso de las empresas adheridas como en el supuesto de que se produzca la aceptación de un asunto concreto, la resolución de las controversias la llevan a cabo los colegios arbitrales, que tienen una composición tripartita: un representante de la Administración, un representante de los consumidores y uno de los empresarios.
Las resoluciones de los colegios arbitrales se denominan laudes, son vinculantes y ejecutivas y tienen el valor de cosa enjuiciada; es decir, las partes no pueden someter los mismos hechos a los tribunales de justicia, ni se puede apelar el laude dictado, sólo se puede interponer un recurso de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia.
Desde su creación, la Junta ha resuelto más de 25.000 controversias, de las cuales más de 15.000 han sido por laude y cerca de 10.000 por mediación. Actualmente hay 1.331 empresas de las Illes Baleares adheridas.